SALTA (Redacción Voces Críticas) El clima político en Tartagal atraviesa horas de extrema tensión. A la parálisis legislativa que afecta al cuerpo deliberativo se sumó ahora una grave denuncia penal que se conoció contra José Manuel Arena, concejal electo por La Libertad Avanza (LLA). La acusación, radicada por su ex pareja, describe un episodio de extrema violencia que incluye golpes de puño, intento de ahorcamiento y abuso sexual.
Según el relato de la víctima, con quien Arena tiene un hijo en común, el hecho ocurrió en 2013 tras una escena de celos. La denunciante detalló que el acusado la agredió físicamente con golpes en la cara y la cabeza, intentó asfixiarla y la amenazó de muerte diciéndole que la iba a matar.
Además, la presentación judicial señala que Arena intentó abusar sexualmente de ella y le sustrajo el teléfono celular. Ante la gravedad de los hechos, la mujer había solicitado de manera urgente una prohibición de acercamiento tanto para ella como para su hijo.
El caso de Arena expone, además, una situación institucional inédita en el municipio. El denunciado es uno de los tres concejales libertarios que, el pasado 10 de diciembre, protagonizaron un desplante durante la sesión preparatoria.
Asesorados por el diputado Nicolás Arce y Emilia Orozco, los ediles de LLA se retiraron del recinto sin prestar juramento al no estar conformes con la elección de las autoridades del cuerpo. Lo que parecía una maniobra política terminó siendo un error legal estratégico:
El escándalo de Arena pone ahora una lupa sobre su idoneidad para el cargo. Al no estar en funciones todavía, el Concejo Deliberante podría evaluar su situación antes de permitirle la jura en abril, basándose en los principios de «inhabilidad moral» que rigen para los cargos públicos.