ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) La batalla por el presupuesto universitario suma un nuevo capítulo en los tribunales. El Poder Ejecutivo presentó formalmente un recurso ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La movida busca revertir el reciente fallo de la Cámara que obliga al Estado a actualizar de forma inmediata los salarios y las becas del sector.
Desde Balcarce 50 mantienen el argumento que vienen sosteniendo desde el veto de 2025: aseguran que la norma es «incomprobable» en términos financieros. “La ley no precisa de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas de financiamiento”, repiten fuentes oficiales, apelando a la Ley de Administración Financiera para justificar la parálisis de los pagos.
La decisión de acudir al máximo tribunal llega luego de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal fallara en contra de la Casa Rosada el pasado 31 de marzo. En ese entonces, los jueces rechazaron la postura oficial, argumentando que no se puede usar una ley vieja para suspender una ley nueva sancionada por el Congreso.
Con este nuevo recurso, el Gobierno busca ganar tiempo. La estrategia es clara: adecuar la implementación de la ley a la «disponibilidad presupuestaria» para no comprometer la meta del déficit cero. En los pasillos de la Casa Rosada ya se habla de enviar un nuevo proyecto al Congreso para modificar el costo fiscal de la norma y achicar los montos de ejecución.
Mientras la disputa judicial escala, el Gobierno adelantó cómo planea ejecutar los fondos en caso de no lograr la suspensión total: