Tras fracasar en sus intentos por vetarla primero y judicializarla después, el gobierno de Javier Milei no ceja en su intención de echar por tierra la Ley de Emergencia en Discapacidad. Para ello ahora envió un proyecto para reformar la ley y así eliminar la protección del Estado a uno de los sectores más sensibles de la sociedad y consolidar el ajuste.
“Esta iniciativa, que modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad, instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema”, denunció el Foro Permanente Discapacidad, que nuclea a organizaciones del sector.
Y sigue: “Mientras se pone en duda el acceso a derechos, el sector atraviesa: atraso arancelario, pagos irregulares, deudas acumuladas y prestaciones en riesgo. Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis. Necesitan respuestas urgentes, no retrocesos”.