El Ministerio Público Fiscal se pronunció a favor de que la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral sea tramitada en la Justicia Nacional del Trabajo, y no en el fuero Contencioso Administrativo Federal, como pretendía el Gobierno nacional.
El dictamen fue firmado por el fiscal general ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, en el marco del conflicto de competencia abierto tras la sanción de la Ley 27.802. Allí, la CGT cuestiona la constitucionalidad de más de 80 artículos que modifican aspectos centrales del régimen laboral vigente.
La controversia se originó a partir de la disputa entre el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 y el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12, que reclamó intervenir en el expediente apoyándose en los cambios introducidos por la nueva normativa. Sin embargo, el fiscal descartó que el caso deba pasar al fuero contencioso, aun cuando el Estado nacional figura como demandado.
En su análisis, sostuvo que el planteo se inscribe plenamente en el ámbito del derecho laboral, tanto en su dimensión individual como colectiva, y que las cuestiones de inconstitucionalidad deben evaluarse bajo los principios propios de esa materia. En ese sentido, remarcó que no corresponde, al menos en esta etapa, aplicar criterios del derecho administrativo.