El gobierno de Javier Milei intimó este martes a los 450 peritos navales encargados de maniobrar buques de gran porte en vías navegables a levantar el paro que iniciaron ayer y que mantiene frenada la salida y entrada de naves con cargas de exportación e importación. A través de la Prefectura Naval, los conminó a retomar los servicios de manera urgente bajo amenaza de sumarios y denuncias penales que podrían acarrear penas de hasta ocho años de prisión.
busca desregular la actividad y empeora sus condiciones laborales.
Tal como lo explicó el propio ministro de Desregulación y Transformación del Estado a través de sus redes sociales, el Decreto 690/2026 exime a las empresas navieras de la obligación de contratar a prácticos y flexibiliza esa práctica para cualquier otro personal. También quita los topes a la escala salarial por esa prestación, limita la cantidad de buques que puedan entrar y empeora las condiciones de seguridad y traslado de esos peritos, entre otras cuestiones.
Los prácticos, que son los encargados de garantizar la seguridad de la entrada y salida de buques y barcos al país gracias a su conocimiento de las vías navegables y acompañan al capitán de navegación para reducir los riesgos de colisión, derrame y de cualquier accidente que pueda poner en peligro tanto las cargas como las rutas naturales, resolvieron ir al paro tras la polémica medida desreguladora.
Pero el punto que más cuestionó Sturzenegger es la tarifa que cobra un práctico. La prestación para las maniobras de ingreso o egreso de buques ronda los 15 mil y 20 mil dólares por prestación. Lo mismo o más de lo que cobra un capitán por la totalidad del viaje. Sin embargo, los valores fueron fijados a través de un tarifario vigente desde el gobierno de Mauricio Macri y no son parte de los gastos de Estado.