El frente empresario encendió luces de alerta y cruzó con dureza al Gobierno libertario de Javier Milei, principalmente a la gestión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el rumbo adoptado en la reglamentación de la reforma laboral.
El epicentro del malestar se concentra en la reciente publicación del Decreto 612/2026. Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresaron su «profunda preocupación y rechazo» a la normativa, apuntando de lleno a la reglamentación de los aportes obligatorios.
Para la entidad, la medida representa un claro retroceso que «termina desvirtuando uno de los objetivos centrales» de la iniciativa oficial, que consistía en aliviar las cargas patronales y evitar que los empleadores deban financiar estructuras que encarecen la contratación formal.
Para fundamentar su postura, la cámara supermercadista puso sobre la mesa el impacto real de los tributos que recaen sobre el empleo registrado. Según los datos difundidos por CADAM, por cada $2.128.749,84 destinados a un trabajador, el empleado percibe en mano apenas el 65,67% (equivalente a $1.397.943), quedando el resto en concepto de cargas y aportes.