En medio de la controversia desatada por el plan de privatizaciones con el que el Gobierno nacional apunta a recaudar unos 2300 millones de dólares entre este año y el siguiente, la causa judicial por el destino de las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue sumó capítulos de máxima tensión.
El escrito denuncia una presunta «cadena de ilegalidades» orquestada desde el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, y describe un mecanismo sistemático diseñado para subvaluar los activos del Estado y transferirlos a un círculo reducido de firmas alineadas con el entorno político, de acuerdo con la información de Ámbito.
En paralelo, fuentes oficiales dejan correr por lo bajo las internas y cortocircuitos que despierta el manejo de las licitaciones dentro de la propia administración, señalando con malicia que sectores internos evaden los controles de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al considerar que «no entiende de cuestiones técnicas».
Entre las firmas beneficiadas por la privatización que se solicita que sean citadas, se encuentra Edison, del Grupo Neuss; Central Puerto, de Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany; y BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea.