El presidente Javier Milei puso fin este martes a la universalidad de la salud pública y reglamentó el cobro por la atención a los extranjeros sin residencia permanente en el país. Se trata del primer paso en el plan libertario para liquidar la salud pública y avanzar hacia su completa privatización. Así quedó plasmado en la Resolución 1066/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
establece que «es aplicable a todos los extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país»
De esta manera, la nueva normativa se suma a la iniciativa de algunas provincias que ya lo habían implementado y formaliza lo establecido por el Decreto 366/2025, que introdujo cambios en la Ley de Migraciones.
El procedimiento aprobado por el gobierno libertario establece que «queda exceptuada de la aplicación del presente toda prestación sanitaria destinada a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de una condición clínica que implique riesgo cierto e inminente para la vida, para un órgano o una función, o que requiera una intervención urgente para evitar un daño grave o irreversible en la salud de la persona”.
En este sentido los hospitales nacionales considerarán como emergencias las siguientes situaciones: