SALTA (Redacción Voces Críticas) La crisis institucional dentro del Concejo Deliberante de San Ramón de la Nueva Orán llegó a la Justicia. La presidenta del cuerpo, Adriana Bañagasta, presentó una denuncia penal contra la concejal de La Libertad Avanza Sabrina Gomila, Mónica Selvioglu y otras personas que pudieran haber intervenido en los hechos ocurridos el pasado 11 de agosto. La presentación plantea la presunta comisión de los delitos de usurpación de autoridad, abuso de autoridad y perturbación del orden en sesiones legislativas.
El conflicto comenzó durante una sesión ordinaria en la que se discutió, entre otros temas, la remoción del secretario administrativo y se propuso a Selvioglu para ocupar ese puesto. Según la denuncia, la iniciativa no consiguió la mayoría necesaria y, una vez agotado el temario, Bañagasta dio por finalizada la sesión. Sin embargo, posteriormente un grupo de concejales permaneció en el recinto y habría continuado con una instancia que la presidenta calificó como un “simulacro de sesión carente de toda validez jurídica”.
De acuerdo con la presentación, Gomila se habría atribuido el carácter de presidenta circunstancial e intentado reabrir la sesión ya finalizada. En ese marco, se habría tomado juramento a Selvioglu como nueva secretaria administrativa. Bañagasta sostiene que ambos procedimientos desconocieron las disposiciones del Reglamento Interno y cuestionó que se haya intentado avanzar posteriormente sobre oficinas y documentación administrativa del Concejo.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Penal N.º 1 del Distrito Judicial del Norte e incluye como elementos de prueba el acta de la sesión del 11 de agosto, el Reglamento Interno, una nota presentada por Selvioglu al día siguiente y el registro audiovisual oficial. Bañagasta sostuvo que los hechos habrían generado una suerte de “institucionalidad paralela” y solicitó que se investiguen las responsabilidades correspondientes.
Además de la investigación penal, la presidenta pidió una medida cautelar de urgencia para impedir que las personas denunciadas tomen posesión de oficinas y documentación o realicen modificaciones sobre la titularidad de las cuentas bancarias y las firmas autorizadas del cuerpo. Ahora será la Justicia la encargada de analizar la presentación y determinar si corresponde avanzar con las medidas solicitadas y eventuales imputaciones.