El Gobierno apeló la intimación judicial que le otorgó cinco días para cumplir de manera integral con la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario y solicitó que se deje sin efecto el apercibimiento de multas.
La presentación fue realizada el viernes ante el juez Martín Cormick y sostiene que el Ejecutivo ya cumplió con las obligaciones establecidas por la cautelar y aportó documentación para respaldar esa posición, luego de que el magistrado considerara que no hubo un cumplimiento total de la medida e intimara al Estado a completarlo bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora.
Además, solicitaron que, en caso de rechazar el planteo, se habilite una apelación con efecto suspensivo.
La discusión gira en torno a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan la actualización salarial de docentes y no docentes universitarios, además de la recomposición de programas de becas estudiantiles. En el escrito, el Gobierno afirmó que los aumentos otorgados desde diciembre de 2023 alcanzaron un 226,8% acumulado y defendió las negociaciones paritarias realizadas durante este año, aunque los gremios rechazan ese criterio y sostienen que persiste una pérdida salarial.
En relación con las becas, presentaron documentación sobre la actualización del programa Manuel Belgrano, mientras mantiene diferencias respecto de qué otros programas deben quedar alcanzados por la cautelar.