SALTA (Redacción Voces Críticas) El diputado provincial por Capital Omar Exeni planteó avanzar con una reforma de la Constitución de Salta vinculada a los fueros de legisladores y funcionarios, con el objetivo de que puedan ser investigados y sometidos a procesos judiciales sin prerrogativas derivadas del cargo. Exeni integra actualmente la Cámara de Diputados con mandato por el departamento Capital.
“Ningún político debe tener coronita ante la Justicia”, es la idea con la que el legislador presentó su postura. En ese sentido, sostuvo: “Si un político robó o cometió un delito, debe ir preso como cualquier ciudadano”, y planteó que diputados, senadores y funcionarios deben responder ante la ley en igualdad de condiciones.
La discusión sobre los fueros ya tiene antecedentes recientes en la Legislatura salteña. En noviembre de 2025 ingresó al Senado un proyecto para declarar la necesidad de una reforma parcial de la Constitución, específicamente sobre los artículos 99 y 143, con el propósito de suprimir las inmunidades de arresto y de proceso para legisladores e integrantes del Poder Ejecutivo.
Los fueros, sin embargo, no implican que un funcionario quede automáticamente al margen de una investigación judicial. En debates legislativos anteriores se remarcó que estas inmunidades fueron concebidas para proteger el ejercicio de determinadas funciones frente a presiones o interferencias, y no como una herramienta para impedir que la Justicia investigue la posible comisión de delitos.
Para concretar una modificación de este tipo es necesario reformar la Constitución provincial. El artículo 184 establece que la Legislatura debe declarar la necesidad de la reforma con el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara y posteriormente debe convocarse a una Convención Constituyente para tratar las materias habilitadas.
El planteo de Exeni vuelve así a colocar el régimen de inmunidades en la discusión política salteña. La propuesta apunta a modificar las protecciones vinculadas al proceso y arresto de determinados funcionarios, aunque cualquier cambio efectivo deberá atravesar el procedimiento constitucional correspondiente y conseguir los consensos legislativos necesarios para habilitar la reforma.