ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El DNU 70/2023 de Javier Milei volverá al centro del debate en la Cámara de Diputados el próximo 15 de octubre, cuando sectores de la oposición intentarán reunir el quórum necesario para tratar su rechazo. Como el Senado ya votó en contra del decreto en marzo de 2024, un rechazo de la Cámara baja completaría el procedimiento previsto por la Ley 26.122. Entre las áreas modificadas por el megadecreto aparecen alquileres, tierras rurales, medicina prepaga, comercio exterior y transporte aerocomercial.

Uno de los puntos de mayor impacto cotidiano es el régimen de alquileres. El artículo 249 del DNU derogó la Ley 27.551 y otros artículos modificaron el Código Civil y Comercial para ampliar la libertad de las partes respecto del plazo, la moneda y los mecanismos de actualización de los contratos. Ante un rechazo del decreto, volvería a discutirse qué marco legal corresponde aplicar a los nuevos alquileres; los contratos celebrados durante la vigencia del DNU plantean una cuestión distinta, ya que la Ley 26.122 preserva los derechos adquiridos durante su vigencia.

En materia de salud, el decreto modificó el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga y eliminó distintas disposiciones de la Ley 26.682, además de derogar el Decreto 743/2022. Por eso, un eventual rechazo también abriría interrogantes respecto de las reglas que deberán aplicarse a las cuotas y al control estatal del sector. El DNU introdujo, además, cambios sobre obras sociales y otras regulaciones sanitarias.

Sin embargo, existe una cuestión jurídica clave: el rechazo del DNU y la eventual recuperación automática de todas las normas anteriores no son necesariamente la misma discusión. Hay interpretaciones contrapuestas sobre los efectos que tendría la derogación respecto de leyes que el decreto eliminó o modificó, especialmente cuando durante su vigencia se dictaron otras normas y reglamentaciones. Por eso, si Diputados finalmente rechaza el DNU 70, además del efecto político se abrirá una etapa jurídica para determinar con precisión qué disposiciones vuelven a aplicarse y bajo qué condiciones.

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