El Gobierno apelará el fallo del juez federal Martín Cormick que ordenó avanzar con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, al considerar que el Poder Ejecutivo no podía utilizar el Decreto 759/2025 para condicionar la vigencia de una norma que había sido ratificada por el Congreso después del veto presidencial.
El magistrado hizo lugar a una acción de amparo colectivo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes, además de una demanda acumulada iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En su resolución, el juez cuestionó específicamente la cláusula del decreto que establecía que la promulgación de la ley se realizaba «sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629». Según sostuvo, esa disposición terminó funcionando como un mecanismo para impedir la aplicación de una norma que el Congreso había vuelto a aprobar con una mayoría de dos tercios, luego de que el Poder Ejecutivo la vetara.
Por ese motivo, ordenó al Gobierno «el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin».
La decisión de Cormick será apelada por el Ejecutivo, que mantiene su estrategia de recurrir las resoluciones judiciales que le ordenan aplicar leyes sancionadas por el Congreso. De esta manera, el conflicto por el financiamiento universitario continuará en las distintas instancias de la Justicia hasta llegar, eventualmente, a la Corte Suprema.