SALTA (Redacción Voces Críticas) Este jueves 8 de octubre se cumplen 25 años del asesinato del padre Ernesto Urbano Martearena, uno de los crímenes que más conmocionaron a la sociedad salteña. El sacerdote tenía 57 años cuando fue atacado durante la madrugada del 8 de octubre de 2001 en la casa parroquial de Nuestra Señora de Fátima, ubicada sobre calle Caseros al 1900. Su muerte provocó una profunda conmoción, especialmente entre quienes conocían su compromiso con las personas más vulnerables y su extensa trayectoria de trabajo comunitario.
Los responsables fueron Javier Alfredo Alanís Colausti, de 21 años, y Santos Marcelo Castillo, de 19, dos jóvenes que mantenían un vínculo cercano con la víctima. Alanís era considerado su ahijado, mientras que Castillo había sido monaguillo de la parroquia. Ambos habían recibido ayuda y acompañamiento del sacerdote, una circunstancia que convirtió el asesinato en un caso especialmente doloroso para la comunidad. La confianza que Martearena depositaba en ellos fue determinante para que pudieran ingresar a la vivienda durante aquella madrugada.
Sin embargo, un error cometido después del asesinato terminó siendo fundamental para identificar a los responsables. Alanís intentó retirar dinero de un cajero automático utilizando la tarjeta del sacerdote, pero desconocía la clave de seguridad. Tras los intentos fallidos, el dispositivo retuvo el plástico y la entidad bancaria advirtió que pertenecía a Martearena. Las cámaras de seguridad permitieron identificar al joven, quien posteriormente fue detenido en Jujuy. La investigación también avanzó sobre Castillo, arrestado en Salta. Aunque ambos ofrecieron versiones diferentes y se responsabilizaron mutuamente, la Justicia consideró acreditada su participación en el hecho.
En agosto de 2003, la Cámara Tercera del Crimen condenó a ambos a prisión perpetua como coautores de homicidio calificado. Con el paso de los años, sus situaciones penitenciarias tuvieron distintas modificaciones. Durante 2025, Marcelo Castillo recibió autorización para realizar salidas transitorias dos veces al mes, bajo condiciones de control judicial. Por su parte, Javier Alanís había obtenido la libertad condicional en Jujuy, pero el beneficio fue revocado tras una apelación de la Fiscalía y regresó a prisión. En 2023, la Corte de Justicia de Salta rechazó un planteo presentado por su defensa. No se informó una resolución posterior que modificara definitivamente esas situaciones.
Más allá de las circunstancias de su asesinato, el padre Martearena dejó una importante obra social que continúa formando parte de la memoria de Salta. Durante su trayectoria impulsó comedores comunitarios, hogares para niños y adultos mayores, asistencia para madres adolescentes, campañas de prevención del VIH y obras sanitarias en diferentes localidades. Su trabajo alcanzaba aproximadamente a 2.000 personas y su nombre permanece presente en uno de los espacios deportivos más importantes de la provincia: el estadio Padre Ernesto Martearena. A 25 años del crimen, su recuerdo sigue asociado tanto a la tragedia que terminó con su vida como al compromiso solidario que marcó su labor.