SALTA (Redacción Voces Críticas) Las nuevas restricciones al comercio fronterizo dispuestas por el Gobierno nacional generaron preocupación y rechazo en distintas localidades del norte de Salta, especialmente en Aguas Blancas y Salvador Mazza, donde buena parte de la actividad económica está vinculada con el intercambio de mercaderías con Bolivia. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en vigencia este sábado 10 de octubre la resolución general 5910/2026, que modifica las condiciones del régimen de tráfico vecinal fronterizo. La normativa establece un límite máximo de 150 dólares diarios por persona para el egreso de mercaderías bajo ese régimen y restringe el traslado de determinados productos. La decisión despertó cuestionamientos de comerciantes y autoridades locales, quienes advierten que las nuevas condiciones podrían afectar las ventas, el empleo y la economía de las comunidades fronterizas.
Entre los principales cambios, ARCA dispuso restricciones al traslado de combustibles en bidones, tanques suplementarios y otros recipientes, además de limitaciones para determinadas mercaderías, como productos agrícolas y alimentos acondicionados en envases de gran tamaño. El régimen de tráfico vecinal fronterizo está destinado a operaciones de carácter personal o familiar, por lo que no habilita el traslado de mercaderías con fines comerciales o industriales. Desde el organismo nacional fundamentaron las modificaciones en la necesidad de reforzar los controles aduaneros, evitar el fraccionamiento de operaciones y prevenir el desvío de productos hacia circuitos de comercialización no autorizados. Sin embargo, los sectores afectados sostienen que la medida no contempla suficientemente las particularidades económicas y sociales de las ciudades ubicadas sobre la frontera con Bolivia.
La preocupación también se trasladó a Salvador Mazza, donde la presidenta de la Cámara de Comercio local, Norma Gareca, cuestionó la aplicación de las nuevas disposiciones y reclamó precisiones sobre su alcance. La dirigente señaló que existen comerciantes con mercaderías adquiridas previamente, cuyos plazos de entrega pueden extenderse entre 10 y 15 días, por lo que una implementación inmediata podría generar dificultades para completar operaciones ya iniciadas. Frente a este escenario, la entidad presentó una solicitud para obtener una flexibilización transitoria de 30 días y comenzó a trabajar con asesoramiento legal en nuevas presentaciones. Además, mantiene contactos con cámaras comerciales de otras localidades fronterizas y representantes del sector boliviano para evaluar las consecuencias de las restricciones y coordinar posibles acciones.
Mientras los comerciantes esperan respuestas de ARCA, no descartan recurrir a la Justicia para cuestionar la aplicación de la normativa. Entre las principales dudas se encuentran los criterios para controlar los límites de peso y volumen, el tratamiento de productos líquidos y las condiciones que deberán cumplir las mercaderías para atravesar los pasos habilitados. El conflicto se desarrolla en una región donde el intercambio fronterizo representa una actividad económica relevante para numerosas familias y pequeños comerciantes. En paralelo, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, defendió recientemente los resultados del Plan Güemes, al destacar las acciones contra el narcotráfico y el contrabando en la frontera norte. En este contexto, el desafío para las autoridades nacionales será compatibilizar los controles aduaneros con las necesidades de las comunidades fronterizas, mientras crece el reclamo de los sectores comerciales salteños por una revisión de las nuevas condiciones.