SALTA (Redacción Voces Críticas) El Ministerio de Educación y Cultura de Salta habría aprobado un protocolo para organizar la prevención y la respuesta de las escuelas ante tormentas, inundaciones y sismos. La información atribuye la medida a la Resolución 486/2026 y señala que habría sido publicada el martes 27 de octubre en el Boletín Oficial. Sin embargo, esos datos —incluidos el número de resolución, la fecha de publicación, la autoridad firmante y el alcance de la norma— requieren confirmación oficial mediante la consulta del documento correspondiente.
Según el contenido difundido, el protocolo alcanzaría a instituciones públicas de gestión estatal y a establecimientos privados que no cuenten con una regulación específica. También se indica que cada escuela debería conformar un Comité Escolar de Emergencia y elaborar o actualizar un plan de protección. La existencia de esos plazos, así como la obligatoriedad de las capacitaciones para directivos y docentes, debe verificarse en el texto completo de la resolución o en una comunicación oficial del Ministerio.
También debe precisarse qué organismo emite las alertas que activarían el protocolo, qué procedimiento deben seguir los equipos directivos y si existen diferencias según el nivel de alerta, la ubicación de la escuela o el tipo de emergencia. La nota no identifica la fuente documental de esos detalles.
La información difundida afirma que, cuando una emergencia impida asistir a clases, no se computarían las inasistencias de estudiantes, docentes ni personal no docente. También menciona la posibilidad de implementar clases virtuales en localidades con conectividad y distribuir cartillas impresas en zonas sin acceso a internet. Estas medidas deben confirmarse oficialmente, ya que no se indica si están previstas en la Resolución 486/2026, en otra norma o en disposiciones posteriores de cada jurisdicción educativa.
Además, sería necesario precisar quién determina la suspensión de actividades, cómo se comunica a las familias y qué procedimiento se aplica para justificar las inasistencias. La nota tampoco aporta declaraciones de funcionarios, enlaces al Boletín Oficial ni documentación que permita verificar esos puntos.