ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) La organización de la visita del Sumo Pontífice quedó envuelta en una fuerte polémica política luego de que diputados de la oposición cuestionaran una adjudicación directa superior a los 8.000 millones de pesos a una productora privada. Los legisladores buscan esclarecer las condiciones de la contratación y las responsabilidades detrás del operativo, en un episodio que puso bajo la lupa a Karina Milei y al entorno del Gobierno nacional.
Los cuestionamientos se formalizaron mediante pedidos de interpelación a funcionarios y una presentación ante la Justicia Federal. La oposición pretende conocer cómo se definió la contratación, cuáles fueron los criterios utilizados para elegir a la empresa y qué controles se aplicaron sobre los recursos públicos destinados a la organización del evento.
Otro de los puntos que generó preocupación política está relacionado con los presuntos vínculos societarios de distintas firmas de seguridad ligadas al oficialismo. Los legisladores buscan determinar si existieron relaciones que deban ser investigadas y si los procedimientos utilizados garantizaron la transparencia en el manejo de los fondos.
En paralelo, Karina Milei quedó en el centro de los cuestionamientos por la polémica organización del espacio exclusivo destinado a la visita papal. El malestar también creció por las restricciones que afectaron a cientos de trabajadores de prensa nacionales y extranjeros, quienes no pudieron acceder a determinados sectores para realizar sus coberturas, mientras funcionarios, empresarios y figuras del espectáculo habrían tenido lugares reservados.
La controversia también abrió una disputa sobre las responsabilidades entre el Gobierno nacional y las autoridades porteñas, que buscan deslindar responsabilidades por el armado del cuestionado sector. Mientras tanto, la oposición legislativa intenta avanzar con los pedidos de explicaciones y determinar quiénes participaron de las decisiones que derivaron en la contratación millonaria.