El fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos explicó que, para la ejecución del secuestro, que comenzó el jueves pasado y se extendió hasta el día siguiente, tres de los acusados (Choque Aguirre, Lozano y Llanos) llegaron a la ciudad procedentes del Estado Plurinacional de Bolivia.
De acuerdo con la investigación, Choque Aguirre, de profesión ingeniero ambiental, llegó a la capital provincial y en seguida coordinó con el resto de los acusados el rapto de un hombre que cumplía una condena de 4 años y 6 meses de prisión por un hecho de narcotráfico bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La elección de la víctima, según lo referido en la audiencia, se debió a la relación de parentesco con otro familiar, con quien los acusados tenían una cuenta pendiente por un negocio de drogas, motivo claramente expresado como condición para el rescate.
Tres de los hombres imputados habían llegado a la ciudad de Salta el mismo día del secuestro procedentes del Estado Plurinacional de Bolivia. Para la fiscalía, ese “movimiento en bloque” dejó en claro que se trató del accionar de una organización.
El fiscal señaló que el secuestro que ocurrió el jueves a la noche, cuando la víctima se hallaba en su casa, donde compartía un asado con otros parientes. En ese contexto, aparecieron varios encapuchados, quienes se presentaron como policías y se lo llevaron.
A la hora de este episodio, los familiares de la víctima recibieron un video en el que aparecía la víctima golpeada y se veía como uno de los captores, con una pinza, le arrancaba la uña del dedo meñique de la mano derecha, para luego darle de golpes. En un mensaje siguiente, vía WhatsApp, pedían que otro familiar hiciera entrega de un dinero, que la plata tenía que “aparecer”.
Según indicó el fiscal, los imputados también fueron intimidantes para que no diera intervención a la policía, pues anticiparon que eso agravaría la situación del hombre secuestrado e incluso de otros integrantes de la familia. No obstante, al día siguiente dieron aviso de lo que sucedía a través de un llamado al sistema de emergencias 911.
El representante del MPF narró que, a partir del pedido de auxilio y bajo directivas de la fiscalía, personal de investigaciones de la policía local instaló una vigilancia reservada en la casa, a la cual Choque Aguirre regresó al día siguiente, poco después del mediodía, para exigir el cumplimiento en el pago del rescate, como también para que le proporcionen la dirección de un tío, quien supuestamente era el que se habría quedado con la droga reclamada.
Explicó que pudo constatarse que el acusado había llegado en un taxi Fiat Cronos, conducido por Maldonado, en el que también había otro ocupante, quien se dio a la fuga cuando la policía intervino y detuvo a Choque Aguirre y al conductor del rodado. En esa circunstancia comenzó a sonar el teléfono de uno de los ahora detenidos.
El fiscal precisó que, en ese momento, los investigadores se percataron que la llamada entrante tenía el mismo número telefónico de los mensajes amenazantes que habían recibido los familiares, por lo que se dispuso un operativo que permitió dar con el domicilio donde estaba cautivo.
En este punto, el fiscal resaltó que, dado los mensajes y tres videos remitidos en los que había imágenes de extrema violencia sobre la persona secuestrada, se decidió realizar el rescate, pues se consideró que existía un serio riesgo de vida.
Relató que, en cuestión de minutos, los policías llegaron hasta una vivienda del barrio Santa Rita II, en la zona sur de la ciudad, donde irrumpieron y redujeron a los otros siete acusados y hallaron a la víctima debajo de una cama. El hombre presentaba gravísimas lesiones y fue asistido de inmediato.
