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Finalmente, las circunstancias obligarán a que la Procuración y el Ministerio de Seguridad lleguen a acuerdos mínimos ante riesgos concretos para la integridad física de los investigadores y la evidencia de tareas de espionaje contra ellos.
El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, ha emitido una comunicación oficial dirigida al ministro Marcelo Dominguez, reiterando su solicitud de refuerzo de seguridad en las oficinas de las Fiscalías Penales del Distrito Judicial Orán, ubicadas en la calle Lamadrid al 300 y Coronel Egües al 400, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.
La necesidad de esta solicitud de refuerzo de seguridad está relacionada con el material probatorio recopilado a partir de dispositivos electrónicos incautados en el marco de la investigación del homicidio calificado de Alejandro Avandillo (A. P. 487/23). Este material incluye elementos de convicción relevantes para otros casos, incluyendo la causa denominada “Palavecino, Cristian Gabriel; Malissia, Matías; Ruiz, Dimas y otros por robo calificado en perjuicio de la empresa Abra De Sol”.
El material descubierto consiste en diversas fotografías de los edificios que albergan las Fiscalías Penales, del CIF de Orán, edificios contiguos y postes de alumbrado público cercanos a los balcones de uno de los edificios, elementos que se encontraban en las extracciones telefónicas de los aparatos celulares secuestrados, lo que sugiere una posible actividad de inteligencia y seguimiento por parte de una organización criminal. Esta situación, junto con otros casos pendientes, se encuentra actualmente bajo investigación por parte de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte integrada por los fiscales Luján Sodero Calvet, Claudia Carreras, Soledad Filtrin Cuezzo y Pablo Cabot.