Elsa Pereyra Maidana, miembro de la Auditoría de la Provincia, encargada de auditar a la municipalidad de Tartagal, despejó las dudas en torno al informe que se le aprobó a Mario Mimessi como jefe comunal y solicitó que no se utilice a la auditoría para justificar una mala administración.
“Hoy recibí la aprobación del Informe de Transición de mi gestión como intendente de Tartagal 2019-2023. De la resolución surge que se aprobó y se deja expresa constancia de que toda la documentación fue presentada en tiempo y forma”, publicó el ahora Ministro de Desarrollo Social, en sus redes sociales con notorias intenciones de sembrar suspicacias.
En ese sentido, la auditora explicó tajantemente que la Auditoria no tiene competencia para aprobar administraciones municipales, y el documento que se le acreditó es un Informe de Transición y no el del Ejercicio 2021-2023.
“La auditoría no aprueba gestiones. No es su facultad ni juzgar a los funcionarios ni establecer si hubo delitos, solo se aprobó un informe de relevamiento para la transición municipal que tiene como finalidad contribuir para que se realice una transición ordenada”, subrayó.
En el mismo se solicita información financiera, económica, patrimonial, obras recibidas y realizadas, las transferencias que se recibió desde la Nación, las deudas y el personal a cargo, para plasmarlo en un informe, “y eso es lo que se aprobó”.
Franco Hernández Berni en su discurso de Apertura de Sesiones del Concejo, había disparado contra Mimessi, asegurando que faltaba documentación sensible, relacionada a los fondos de emergencia recibidos por la pandemia del Covid, pero que se había borrado de los tres sistemas de control, información que fue desmentida por Pereyra Maidana.
“Él enumeró una serie de irregularidades que no se advierten en el Informe de Transición, como que no tenía el sistema informático donde se registra la contabilidad, pero que estaba en pleno funcionamiento cuando fuimos”, sentenció.
Ahora bien, Mimessi por otro lado también presentó las Cuentas Generales, pero no se aprobó un dictamen técnico. La Auditoría se encuentra estudiando todos los años de gobierno, y si llegara a detectar alguna anomalía, se tomarán medidas.
“Si en el transcurso se advierten irregularidades, se debe ir a la justicia. Si se constatan posibles delitos se tiene la obligación de denunciar, pero no es el caso, porque se está estudiando”, profundizó.
