Franco Darío Centurión, quien había sido trasplantado de médula ósea, murió en el hospital San Bernardo después de permanecer dos semanas detenido y 20 días en terapia intensiva. La acusación sostiene que, durante su detención, Centurión fue víctima de un trato denigrante y abusivo por parte de los policías, quienes lo sometieron a humillaciones y torturas físicas.
El fiscal penal Gonzalo Ariel Vega representa al Ministerio Público Fiscal en el caso. Los imputados son Julio César Martínez y Cristian Adrián Vargas, acusados de los delitos de vejaciones, severidades, omisión de los deberes de funcionario público en concurso ideal y el correcto funcionamiento de la Administración Pública, al advertirse durante la investigación que dieron un trato denigrante contra la víctima al momento de ser alojado en la dependencia policial, haciendo que se quitara la ropa y realizando acciones humillantes y de burla por su aspecto físico.
También están acusados Ernesto Marino Velázquez, Rodrigo Albano Correa, Isaac Silvestre Galarza, Héctor Federico Flores, Marcelo Morales, Carlos Facundo Borjas y Francisco Ramón Espinoza por los delitos de severidades y omisión de los deberes de funcionario público en concurso ideal.
La investigación revela que los policías desatendieron las necesidades médicas de Centurión, ignorando las recomendaciones del médico y omitiendo su traslado para recibir tratamiento adecuado. Además, no cumplieron con las obligaciones establecidas por la Resolución 052/99, que exige la protección y el registro adecuado de la salud de los detenidos.
En la audiencia presidida por el juez Reynaldo Burgos, los acusados se abstuvieron de declarar. Los testimonios iniciales incluyeron declaraciones de los padres y amigos de la víctima, así como de otros detenidos que compartieron celda con Centurión.
La audiencia es presidida por el juez Reynaldo Burgos y está previsto que se desarrolle hasta el próximo viernes en jornadas dobles.
LOS HECHOS
El 11 de noviembre de 2021, a las 19, Franco junto a su amigo, Iván Rojas, fueron detenidos por la Policía Motorizada en el acceso a Tartagal. Según el relato del padre Santos Nolasco, los jóvenes volvían en moto de juntar algarroba del camino Balbuena, donde habían encontrado una pistola vieja en medio de los yuyos que guardaron en una mochila.
Los efectivos los acusaron de portación de arma y los trasladaron al a comisaría 45.
“Esa misma noche lo aporrearon en la comisaría y lo peor es que esperaron 11 días para llevarlo al médico. En total estuvo preso 15 días. Después de darle el alta le dieron la libertad”, señaló el padre.
Un viernes por la tarde Franco regresó a su hogar. Al rato entró al baño y llamó a su padre porque había orinado sangre.
Santos llevó a su hijo a un médico clínico amigo. El profesional le dijo que estaba en grave estado y ordenó internarlo en el hospital de Tartagal. Luego fue trasladado al hospital San Bernardo, donde agonizó varios días. Presentaba una herida gravísima en la pierna izquierda, razón por la cual médicos de Tartagal pretendían amputársela, a lo cual la familia del joven se había opuesto. También tenía problemas en los pulmones, riñones y una úlcera intestinal.
“Esa úlcera fue producto de la tremenda golpiza que le dieron en la comisaría la madrugada del 12 de noviembre. Tuvo un sangrado interno”, aseguró Santos.
Cuando tenía 11 años, a Franco le diagnosticaron leucemia. Lo trasplantaron de médula ósea. La familia vivió muchos años en Buenos Aires por su tratamiento. “Un día el doctor me dijo: “tu hijo está listo, disfrutalo, les deseo suerte pero cuídenlo porque es enfermo de alto riesgo. Ahora la Policía me lo arrebató”, había dicho Santos Nolasco.
