SALTA (Redacción Voces Críticas) La incertidumbre crece en las periferias de la capital salteña. La Mesa de Barrios Populares de Salta encendió las alarmas ante el avance de proyectos para modificar la Ley 27.453, una normativa clave que desde 2018 frena los desalojos y permite la integración socio-urbana de villas y asentamientos en todo el país.
Dina Guaymás, referente del barrio Tinkunaku, expresó en diálogo con la prensa local la profunda preocupación que atraviesa a los vecinos. Según advirtió, cualquier cambio en la ley actual significaría un retroceso catastrófico hacia la marginalidad. “Nos volvería a llevar a la invisibilización”, sentenció la dirigente, remarcando que la ley no es solo un papel, sino la garantía de acceso a la tierra y a los servicios básicos.
Uno de los puntos más críticos del reclamo es la suspensión del financiamiento para obras de infraestructura. En el caso del barrio Tinkunaku, Guaymás reveló que ya contaban con un proyecto planificado para la red de cloacas, pero que la falta de fondos y el actual escenario político dejaron las tareas en un punto muerto.
«Este gobierno nos está sacando todo», disparó la referente, señalando que la paralización no solo afecta la calidad de vida diaria, sino que también vulnera la posibilidad de obtener los títulos de propiedad prometidos. En Salta capital existen 52 barrios populares registrados en el RENABAP, mientras que en toda la provincia la cifra asciende a 354, lo que traduce el conflicto a una escala que afecta a más de 120.000 salteños.