Salta (Redacción Voces Críticas) La situación de miles de familias salteñas encendió las alarmas en distintos puntos de la provincia ante el avance de un proyecto de ley nacional que podría impactar directamente en los barrios populares. Referentes territoriales advirtieron que, de aprobarse la normativa sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, se podrían generar desalojos masivos en zonas donde las viviendas se encuentran asentadas en terrenos sin regularizar.
El escenario preocupa especialmente a las familias salteñas que habitan en barrios populares, muchos de los cuales llevan décadas consolidados. Según datos aportados por organizaciones locales, en la provincia existen más de 350 asentamientos de este tipo, varios de ellos ubicados sobre tierras privadas, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad frente a posibles medidas judiciales.
Desde estos espacios, las familias salteñas vienen planteando que el problema de fondo radica en la falta de acceso a políticas habitacionales sostenidas. Señalan que el costo de alquiler y la dificultad para acceder a una vivienda formal han empujado a miles de personas a instalarse en terrenos abandonados o sin uso, donde han construido sus hogares con el paso del tiempo.
En ese contexto, las familias salteñas también enfrentan condiciones de vida precarias, con importantes carencias en servicios básicos. De acuerdo a los datos difundidos, un alto porcentaje de estos hogares no cuenta con acceso regular a electricidad, cloacas ni gas natural, lo que refleja una realidad estructural que va más allá del debate legal.
La posible aprobación de la ley genera incertidumbre entre las familias salteñas, que temen no solo por la pérdida de sus viviendas, sino también por la falta de alternativas en caso de desalojos. Referentes barriales insisten en que cualquier medida en ese sentido debería estar acompañada por políticas públicas que garanticen soluciones habitacionales concretas.