ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) La coartada del Jefe de Gabinete para justificar su vertiginoso salto patrimonial antes de ingresar a la función pública comenzó a mostrar fisuras legales. La explicación oficial sobre el origen de los 500 mil dólares que Manuel Adorni declaró poseer se encuentra bajo la lupa judicial debido a severas contradicciones detectadas entre sus recientes declaraciones públicas y sus propios descargos del pasado en las redes sociales.
El fiscal Gerardo Pollicita lleva adelante una investigación orientada a determinar las diferencias reales entre los gastos del funcionario antes y después del 10 de diciembre de 2023. La mira está puesta sobre el supuesto hallazgo de dinero en efectivo en un departamento heredado tras el fallecimiento de su padre en el año 2002, fondos que según el funcionario habrían sido el puntapié inicial para realizar inversiones en criptomonedas.
La versión del dinero oculto colisiona de manera directa con un posteo realizado por el propio vocero en el año 2018. En aquella oportunidad, el actual ministro coordinador reveló en su cuenta de la plataforma X que al recibir el inmueble de su progenitor se anotició de una hipoteca impaga que databa de 1996, proceso que le demandó un gran esfuerzo y varios años poder subsanar para evitar perder la propiedad.
Los informes de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense confirman que sobre el departamento de 52 metros cuadrados ubicado en la ciudad de La Plata pesaban tres embargos judiciales: uno promovido por acreedores particulares, otro por la administración del consorcio y un tercero por el Banco Provincia. Los registros judiciales de la sucesión no detallan la existencia de dinero en efectivo ni de las cifras alegadas ante la Oficina Anticorrupción. El levantamiento definitivo de los gravámenes no se dio por cancelación de la deuda, sino mediante un pedido de prescripción por caducidad de instancia presentado por los hermanos en el ámbito judicial platense.
Este escenario reactivó los movimientos en la Cámara alta del Congreso. En el Senado se evalúa la viabilidad de convocar a una sesión especial con el propósito de reunir las voluntades necesarias para impulsar un proceso de remoción del cargo, una alternativa que el Poder Ejecutivo intenta neutralizar sosteniendo de forma irrestricta al funcionario cuestionado.