SALTA (Redacción Voces Críticas) La cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa su hora más crítica en los tribunales. El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, dictó el procesamiento de su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en una causa que investiga graves irregularidades en el manejo de fondos públicos y previsionales.
La medida judicial no solo incluye el procesamiento, sino también un embargo preventivo de $350 millones sobre los bienes de cada dirigente. Además, el magistrado ratificó la prohibición de salir del país para Tapia, complicando su agenda internacional al frente de la institución de la calle Viamonte.
La denuncia, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), señala que la AFA actuó como agente de retención de impuestos nacionales y recursos de la seguridad social, pero nunca depositó ese dinero en las arcas del Estado.
Según el expediente, la maniobra se habría extendido desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. El monto total de la presunta defraudación, que incluye IVA, Ganancias y aportes jubilatorios, supera los $19.000 millones. Aunque desde la AFA admitieron que la deuda fue cancelada, la Justicia sostiene que se hizo fuera de los plazos legales, lo que constituye la consumación del delito de retención indebida.
El presidente Javier Milei se refirió a la situación judicial de los dirigentes deportivos y buscó marcar una línea divisoria clara. Al ser consultado sobre el avance de la causa, el mandatario fue tajante: «Si ARCA no denunciaba, estaría incumpliendo los deberes de funcionario público. Yo no interfiero, dejo que actúe la Justicia».