ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) En una jornada clave para el conflicto educativo, el máximo tribunal del país desestimó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y ratificó la vigencia de la medida cautelar que beneficia a las casas de altos estudios de gestión pública. De este modo, la administración central estará obligada a cumplir con dos apartados de la Ley 27.795, los cuales garantizan la recomposición de los salarios docentes y no docentes, además del sostenimiento de los planes de asistencia para los alumnos.
A través de dos fallos que llevaron las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Justicia frenó el intento del oficialismo de dejar sin efecto el amparo previo. La disputa legal se había originado a partir de una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional contra una normativa del Ejecutivo que buscaba congelar las partidas destinadas a los sueldos y a los programas académicos.
De todas maneras, el pronunciamiento de la jornada no avanza sobre la cuestión central del litigio, que consiste en determinar si un decreto presidencial posee las facultades legales para interrumpir la aplicación de los puntos dictados por el Congreso de la Nación. Por este motivo, el amparo seguirá teniendo plena vigencia mientras los tribunales inferiores avanzan con los plazos procesales habituales para dictaminar una resolución final.
La determinación judicial se produce en un escenario donde el Ejecutivo ya había pactado con las autoridades educativas un incremento salarial cercano al 24%, un refuerzo para las áreas de mantenimiento de los edificios y una inyección de fondos de hasta 50.000 millones de pesos para los centros de salud dependientes de las instituciones. A pesar de estos movimientos, desde los rectorados aclararon que esta propuesta eleva la inversión sectorial al 0,6% del Producto Bruto Interno, quedando todavía lejos del 0,75% que exige la legislación aprobada por el Parlamento.