Salta (Redacción Voces Críticas) Nicolás Avellaneda será el nuevo ministro de Seguridad de Salta, en reemplazo de Gaspar Solá Usandivaras, quien dejará el área para asumir funciones en la Asesoría de Incapaces. Hasta ahora, el funcionario se desempeñaba como secretario de Seguridad, cargo al que llegó en diciembre de 2024.
Martillero Público Nacional y Corredor Inmobiliario, Avellaneda cuenta además con una diplomatura universitaria en Administración y Gestión de Municipios. Nacido en la ciudad de Salta, inició su recorrido laboral en 1990 como oficial de Justicia del Poder Judicial provincial, antes de pasar por distintas empresas privadas.
La llegada de Nicolás Avellaneda a la gestión pública se dio durante la intendencia de Gustavo Sáenz en la capital salteña. Entre 2015 y 2019 fue subsecretario de Control Comercial, un área atravesada por conflictos vinculados con la venta ambulante, los manteros, las habilitaciones y los controles nocturnos.
Con el arribo de Sáenz a la Gobernación, continuó dentro de la estructura provincial. En diciembre de 2019 fue designado secretario de Industria y Comercio y luego siguió al frente de Industria, Comercio y Empleo, dentro del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, hasta diciembre de 2023.
En Seguridad, Nicolás Avellaneda tuvo intervención en cuestiones relacionadas con la organización policial, el despliegue territorial, los operativos preventivos y la administración de recursos. Durante su gestión como secretario planteó la necesidad de redistribuir efectivos, reparar móviles policiales e incorporar cadetes para reforzar la presencia en distintos municipios.
El funcionario también promovió el uso de mapas delictivos para identificar zonas con mayor cantidad de hechos y diseñar intervenciones preventivas. Entre sus iniciativas figuraron los grupos barriales de WhatsApp para canalizar alertas vecinales y los operativos contra cuidacoches y limpiavidrios, especialmente en la ciudad de Salta.
Al frente del Ministerio de Seguridad, deberá enfrentar un escenario atravesado por el avance del narcotráfico en el norte provincial, el incremento de los homicidios, la conflictividad social y la necesidad de optimizar el uso de personal, vehículos y equipamiento policial.