La ex presidenta Cristina Kirchner presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la que sostiene que la causa Vialidad violó garantías fundamentales, denuncia una persecución política y reclama medidas cautelares para dejar sin efecto la inhabilitación y modificar las condiciones de su prisión domiciliaria.
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En la presentación, la defensa sostiene que el juicio por el caso Vialidad constituyó una violación de múltiples garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y afirma que “el proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner”, mientras que “la condena perseguía impedir su candidatura en futuras elecciones” y que “la inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de sus derechos políticos”.
El documento también cuestiona la legalidad de la condena. Entre otros puntos, sostiene que a la ex mandataria “se atribuyó la responsabilidad de actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente”, que la sentencia “se basó en la firma del Decreto 54/2009, todavía vigente” y que “se impidió una adecuada defensa”.