SALTA (Redacción Voces Críticas) El acuerdo financiero alcanzado entre el Gobierno de Salta y Nación incorporó una serie de condiciones que exceden la compensación de las obligaciones económicas que ambas administraciones mantenían pendientes. Según lo establecido en el Decreto Provincial 493, publicado este martes en el Boletín Oficial, la Provincia también se comprometió a abandonar determinadas acciones judiciales y a proporcionar información sobre sus cuentas públicas.
El convenio se concretó dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, mediante el cual Nación y las provincias pueden reconocer y compensar deudas. Tras realizar el cruce correspondiente, el entendimiento dejó un saldo cercano a los $266 mil millones a favor del Estado nacional, monto que deberá afrontar Salta de acuerdo con las condiciones establecidas.
Uno de los puntos centrales determina que la Provincia desista de acciones y derechos en causas iniciadas contra el Estado nacional. Entre ellas se encuentra el reclamo por los decretos nacionales 561 y 567 de 2019, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, incluyendo la acción declarativa de inconstitucionalidad y el incidente de medida cautelar. También queda comprendido el amparo presentado por Salta por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). El convenio deberá ser presentado ante la Justicia para su homologación en los expedientes correspondientes.
A su vez, Salta asumió el compromiso de informar periódicamente a Nación sobre diferentes aspectos de su situación financiera. Entre los datos contemplados aparecen el gasto en personal, la deuda provincial, la situación del Tesoro, los saldos bancarios y el financiamiento otorgado a los municipios. Además, deberá suministrar información relacionada con impuestos, tarifas de servicios públicos y transferencias.
De esta manera, el acuerdo genera consecuencias económicas, judiciales y administrativas para la Provincia. Además de afrontar el saldo resultante de la compensación, Salta dejará atrás determinados litigios contra el Gobierno nacional y quedará obligada a reportar regularmente información sobre sus finanzas públicas, conforme a los términos establecidos en el Decreto 493.