El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó más tiempo a la Justicia para responder sobre los desfasajes detectados en su patrimonio y manifestarse ante las objeciones presentadas. Ahora, el tribunal a cargo evalúa si le concede el plazo extendido solicitado por su representación legal.
En este sentido, las autoridades judiciales demandan precisiones sobre la procedencia de divisas en efectivo, créditos otorgados por parientes, la adquisición de un rodado y un lote en el complejo privado Indio Cuá. A su vez, se exige justificar el costo del proyecto de edificación ejecutado en ese predio.
El eje clave radica en la remodelación de la finca en Indio Cuá, cuyo constructor, Matías Tabar, aseguró haber cobrado USD 245.000 por los servicios. Por ello, la fiscalía insta a Adorni a probar la procedencia legítima de esa suma mediante comprobantes de las transferencias efectuadas al constructor.
El teléfono de Tabar constituye un elemento central del proceso. El propio contratista entregó su terminal a las autoridades para un volcado forense, del cual se extrajeron conversaciones, registros de llamadas y recibos del trabajo realizado para el exfuncionario.