SALTA (Por Franco Alvarado para Voces Críticas) Tartagal tiene intendente. Eso, al menos, dice la documentación oficial. Lo que todavía cuesta determinar es si, además de intendente, Tartagal tiene intendencia.
La pregunta volvió a instalarse en las últimas horas a raíz de las versiones sobre la salida del país del intendente Franco Hernández Berni. Como suele ocurrir en estos tiempos de política digital, la información no llegó necesariamente por los canales institucionales correspondientes, sino por ese moderno sistema de comunicación llamado “me dijeron que…”, reforzado por capturas de pantalla, publicaciones en redes sociales y la imaginación colectiva.
Conviene hacer una aclaración: un intendente, como cualquier ciudadano, puede viajar. Nadie pretende que el cargo municipal venga acompañado de una cadena al tobillo y una prohibición de cruzar la frontera. Pero el problema no es viajar; el problema es la transparencia de la ausencia.
La diferencia parece pequeña, pero no lo es.
En una república seria, las instituciones no deberían funcionar como un juego de “¿Dónde está Wally?”. El ciudadano no tendría que ponerse a buscar al intendente entre fotografías, historias de Instagram, rumores de aeropuerto o comentarios de Facebook para saber si quien fue elegido para conducir el municipio está efectivamente ejerciendo sus funciones.
Primero tuvimos al intendente que protagonizó aquella célebre discusión semántica acerca de si los empleados municipales eran o no trabajadores. Después llegaron otras polémicas relacionadas con la administración comunal y la relación con los trabajadores.
Uno empieza a sospechar que el municipio está preparando una serie en capítulos que podrían titularse: Temporada uno: Los empleados no son trabajadores. Temporada dos: El intendente que no estaba. Temporada tres: ¿Quién gobierna Tartagal?
De los creadores de “La abducción de Hernández Berni por los alienígenas”, la producción promete nuevos capítulos.
Pero debajo de la broma existe una cuestión bastante menos graciosa. Un intendente no es solamente una persona: es una institución. Y cuando esa persona se ausenta, la institucionalidad exige que quede perfectamente establecido quién ejerce sus funciones, durante cuánto tiempo y bajo qué mecanismo.