El Juez Federal Daniel Rafecas dispuso este lunes el procesamiento de 8 responsables iraníes y libaneses por su participación en el atentado contra la sede de la AMIA. Además, le impuso a cada uno de ellos un embargo de u$s500.000.000. De esta forma avanza el juicio en ausencia.
En su resolución, Rafecas consideró acreditado que la decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por las máximas autoridades del régimen iraní y que su ejecución fue encomendada a Hezbollah. Según la reconstrucción judicial, la organización contó con una red de apoyo regional y local que tuvo como uno de sus puntos de operación a la Triple Frontera, integrada por Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú.
El magistrado reconstruyó además la preparación del ataque y sostuvo que los responsables adquirieron una camioneta Renault Trafic el domingo 10 de julio de 1994. El vehículo habría sido acondicionado y cargado con unos 300 kilos de explosivos, entre amonal y TNT, para luego ser estacionado el viernes 15 a pocas cuadras de la sede de la AMIA.
De acuerdo con la reconstrucción incorporada al fallo, la camioneta permaneció allí hasta la mañana del lunes 18 de julio, cuando fue trasladada para concretar el atentado en un horario de mayor concurrencia en el edificio ubicado sobre la calle Pasteur.