SALTA (Redacción Voces Críticas) El diputado provincial Juan José Esteban expresó su rechazo a las modificaciones en materia de discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 y sostuvo que las disposiciones impulsadas por el Ejecutivo son “inconstitucionales”. El texto se encuentra en discusión en el Congreso y, por lo tanto, los cambios todavía no están vigentes.
El exministro de Salud de Salta argumentó que incorporar estas modificaciones dentro de la ley de Presupuesto vulneraría normas permanentes y protecciones reconocidas a las personas con discapacidad. Se trata de la interpretación jurídica planteada por Esteban, en un debate que también generó cuestionamientos de organizaciones del sector y otros legisladores.
Uno de los ejes está en el artículo 36, que propone volver a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, con una prestación equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. El proyecto también modifica el esquema establecido por la Ley de Emergencia en Discapacidad respecto del acceso a la pensión y su relación con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Las críticas alcanzaron además a los artículos 38 y 39, relacionados con el financiamiento y el régimen de prestaciones. La redacción original del proyecto establece que el Nomenclador de Prestaciones Básicas dejaría de tener valores universales, permitiendo diferencias en los aranceles y modalidades de financiamiento.
Esteban advirtió que ese esquema podría generar una mayor fragmentación entre financiadores y prestadores. “Un presupuesto prevé dar previsibilidad, pero no puede hacerse a costa de los derechos de las personas con discapacidad empeorando sus condiciones de vida”, afirmó el diputado.
El contenido enviado originalmente por el Ejecutivo puede sufrir modificaciones durante el tratamiento parlamentario. De hecho, en los últimos días se abrieron negociaciones entre el oficialismo y bloques aliados para revisar algunos de los artículos sobre discapacidad. Entre los puntos en discusión aparecen la compatibilidad entre pensiones y empleo registrado y el carácter universal del nomenclador.