El anuncio de un nuevo programa oficial para otorgar la ciudadanía argentina a extranjeros a cambio de desembolsos financieros generó reparos e interrogantes entre analistas económicos y especialistas en derecho internacional. La iniciativa busca atraer capitales privados, pero abre discusiones sobre su verdadero impacto y las garantías de control necesarias.
La medida establece que los postulantes podrán solicitar la nacionalidad mediante un aporte no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional o a través de la suscripción de un bono público a tasa cero por un valor de USD 800.000. De esta manera, bajo el esquema oficial, un grupo familiar tipo podrá gestionar la ciudadanía por un total de USD 500.000, tramitado a través de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.
A diferencia de los antecedentes históricos de la legislación argentina, que exigían la radicación de industrias o la posesión de tierras productivas, el nuevo régimen se enfoca exclusivamente en instrumentos financieros.
Especialistas en comercio exterior y diplomacia destacaron la necesidad de aplicar rigurosos filtros de seguridad migratoria, verificación de antecedentes y trazabilidad sobre el origen de los fondos para resguardar la reputación internacional del pasaporte nacional. Asimismo, tributaristas advirtieron sobre el impacto fiscal y las dudas en torno al esquema de residencia que aplicará a los nuevos ciudadanos.