La escandalosa licitación por el 90% de las acciones de AySA no sólo dejó al desnudo un proceso plagado de opacidad y blindaje informativo, sino que puso sobre la mesa una cifra que indigna a especialistas y defensores de los servicios públicos: están literalmente regalando los activos estratégicos del Estado.
Sin embargo, el dato técnico que desnuda el vaciamiento patrimonial es lapidario: por lo que se está vendiendo toda la compañía, construir desde cero apenas dos plantas de tratamiento de agua cuesta mucho más.
La entrega de la empresa a precio de saldo se da en un marco donde los verdaderos dueños del servicio —los 14 millones de usuarios que abonarán las facturas durante los próximos 30 años— jamás tuvieron acceso a la valuación real del paquete accionario ni al inventario de pasivos ambientales, un ocultamiento que motivó amparos judiciales colectivos impulsados desde la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Mientras los compradores se quedan con una infraestructura gigantesca por una cifra exigua, los números finos del negocio ya revelan las ganancias extraordinarias que tendrán aseguradas: