ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) La Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó en el centro de una nueva controversia por la Ley de Tierras Rurales, luego de que se difundiera una resolución que, según lo informado, suspende provisoriamente los efectos de su derogación. La medida cautelar interina afectaría al artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei eliminó las restricciones establecidas por la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. De confirmarse el alcance de la decisión, los límites volverían a aplicarse mientras continúa el proceso judicial.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció un régimen de protección sobre la propiedad y tenencia de tierras rurales en Argentina. Entre sus principales disposiciones se encuentran los límites a la titularidad extranjera, con el objetivo de regular la concentración de superficies rurales en manos de personas físicas y jurídicas de otros países. Su derogación fue incluida en el paquete de reformas del DNU 70/2023, lo que abrió una disputa judicial sobre la validez constitucional de esa decisión y las facultades del Poder Ejecutivo para modificar el régimen mediante un decreto.

La intervención del máximo tribunal se produjo después de que los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz no alcanzaran un criterio común sobre cómo continuar con el nuevo expediente. Ante esa situación, se convocó a dos conjueces: Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Además, la Corte redujo de 72 a 24 horas el plazo para presentar recusaciones contra los magistrados convocados, con el propósito de acelerar la integración del tribunal y avanzar en el tratamiento del caso.
Por el momento, la información consultada de manera independiente confirma que la Corte convocó una reunión extraordinaria para este viernes 9 de octubre con el objetivo de analizar el pedido cautelar, pero no permite verificar el texto de una resolución definitiva sobre esa solicitud.
