Pese al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que repuso la vigencia de la Ley de Tierras en cuanto a las limitaciones de compras para extranjeros, la oposición mantiene la iniciativa de convocar a una sesión de la Cámara de Diputados para la semana próxima, con el objetivo de derogar el DNU 70/23, que a su vez había derogado la Ley de Tierras que, en un principio, la misma Corte había considerado legal.
Pero, ante el fuerte rechazo social y político a esa controvertida decisión, esta semana decidió aceptar el reclamo en el mismo sentido presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades de pueblos originarios y una legisladora rionegrina, que invocaron derechos de incidencia colectiva vinculados a la protección del ambiente sano y derechos de comunidades indígenas.
En definitiva, ordenó que el expediente vuelva al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, donde se inició originalmente la demanda colectiva, y sea ese tribunal el que resuelva si la derogación de la Ley de Tierras mediante el decreto de necesidad y urgencia es constitucional o no; medida cautelar que, momentáneamente, repone en vigencia la Ley de Tierras.
Medida cautelar de máximo tribunal que no dejó conforme a nadie; mucho menos a la oposición, que ve en ella un medio que sirve a la propia Corte Suprema y al Gobierno para desactivar la convocatoria a una sesión donde el DNU 70/23 sea derogado por su inconstitucionalidad.