ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) Una nueva controversia política se desató en Jujuy luego de que trascendiera la existencia de órdenes de pago del Estado provincial a nombre de Valentina Moisés, esposa del exministro Federico Posadas. La difusión de esta documentación generó cuestionamientos sobre las contrataciones gubernamentales y abrió interrogantes acerca de los montos abonados y las tareas por las cuales se habrían realizado esos desembolsos.
El propio Federico Posadas reconoció que su esposa fue contratada por el Gobierno de Jujuy, aunque rechazó que se tratara de una irregularidad. Según su explicación, la contratación se realizó de manera legal y excepcional, y no estuvo vinculada con el ministerio que tenía bajo su responsabilidad.
La aclaración del exfuncionario llegó después de que comenzaran a circular las órdenes de pago, que colocaron el vínculo contractual de su esposa con el Estado en el centro de la discusión pública. Si bien Posadas confirmó la existencia de la contratación, la información difundida hasta el momento no permite establecer con precisión el monto total que habría percibido Moisés.
Uno de los principales interrogantes gira en torno al dinero público destinado a esa contratación. También resta conocer cuáles fueron los servicios prestados, durante qué período se desarrollaron las tareas y qué dependencia estatal autorizó los pagos. Estos datos resultan relevantes para comprender las características del vínculo contractual y determinar si se ajustó a los procedimientos administrativos correspondientes.
Otro punto de la controversia es la relación familiar entre la persona contratada y quien ocupó un cargo de relevancia dentro del Gobierno provincial. La existencia de ese vínculo no demuestra por sí misma una irregularidad, pero plantea preguntas sobre los mecanismos de selección, las condiciones de contratación y los controles aplicados al uso de fondos públicos.
Posadas sostuvo que la contratación de Valentina Moisés fue ajena a su área de gestión, una aclaración con la que buscó diferenciar sus responsabilidades como funcionario de la decisión administrativa que permitió incorporar a su esposa. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron en la información disponible los detalles documentales necesarios para establecer quién autorizó la contratación y bajo qué condiciones se concretó.