Salta (Redacción Voces Críticas) El conflicto por el comercio fronterizo en el norte de Salta llegó a la Justicia luego de que sectores de Aguas Blancas y Salvador Mazza impulsaran una acción de amparo colectivo contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La presentación, realizada el lunes 19 de octubre, busca frenar la aplicación de la Resolución General 5910/2026, que introdujo nuevas restricciones para el traslado de mercaderías mediante el régimen de tráfico vecinal fronterizo.
El planteo judicial cuestiona las consecuencias que las disposiciones nacionales podrían generar sobre las economías de ambas localidades, donde buena parte de la actividad depende del intercambio comercial con Bolivia. Los impulsores del reclamo sostienen que las limitaciones afectan a comerciantes, transportistas y trabajadores que obtienen sus ingresos del movimiento cotidiano de productos a través de los pasos internacionales.
Una de las principales solicitudes es la aplicación de una medida cautelar de no innovar con efecto suspensivo. A través de este recurso, los demandantes pretenden que la Justicia deje temporalmente sin efecto las restricciones y permita recuperar las condiciones anteriores del comercio fronterizo mientras se resuelve la cuestión de fondo. Sin embargo, la presentación del amparo no implica que la normativa haya quedado suspendida, ya que para eso se necesita una resolución judicial.
Desde el organismo recaudador argumentaron que las modificaciones buscan fortalecer los controles aduaneros y evitar que el régimen especial sea utilizado para operaciones comerciales que deberían realizarse mediante otros procedimientos. El Código Aduanero contempla beneficios para los habitantes de zonas limítrofes, aunque establece que ese mecanismo no debe destinarse a actividades con fines comerciales o industriales.
No obstante, los sectores que impulsaron el amparo consideran que las restricciones sobre el comercio fronterizo no contemplan las particularidades económicas y sociales de Aguas Blancas y Salvador Mazza. En su presentación, invocaron derechos relacionados con el trabajo, el desarrollo de actividades económicas y la autonomía municipal, además de cuestionar la proporcionalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.
En paralelo, representantes de cámaras empresariales de Salta, Orán, Tartagal, Anta, Aguas Blancas y Salvador Mazza comenzaron a coordinar acciones para solicitar una revisión de las restricciones. Los comerciantes advirtieron que una caída sostenida de las ventas podría derivar en dificultades para mantener los establecimientos abiertos y conservar los puestos de trabajo vinculados con el comercio fronterizo.
La situación resulta especialmente sensible por la relación económica que mantienen Aguas Blancas con Bermejo y Salvador Mazza con Yacuiba, ambas ciudades bolivianas. El intercambio de alimentos y otros productos sostiene una importante red de negocios y servicios, por lo que las modificaciones en las condiciones aduaneras tienen efectos directos sobre la circulación de compradores y mercaderías.
De esta manera, el conflicto por el comercio fronterizo ingresó en una nueva etapa con la presentación judicial contra ARCA. Ahora, una de las primeras definiciones será la respuesta de la Justicia al pedido cautelar que busca suspender provisionalmente la Resolución General 5910/2026, mientras continúa la discusión sobre cómo compatibilizar los controles aduaneros con la actividad económica de las comunidades salteñas ubicadas en la frontera con Bolivia.