ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El Gobierno nacional oficializó una nueva medida destinada a aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas argentinas. A través de la Resolución 1899/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada este miércoles 4 de noviembre, se estableció la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de nuevas medidas cautelares por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La disposición estará vigente hasta el 30 de junio de 2027 y busca brindar mayor margen financiero a los contribuyentes alcanzados, en un contexto en el que numerosas empresas enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias.
La suspensión no será generalizada, sino que estará dirigida a determinados sectores del universo de pequeñas y medianas empresas. Según lo establecido en la normativa, podrán acceder al beneficio las micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2, siempre que cuenten con el Certificado MiPyME vigente en la fecha prevista por la resolución. También se contempla a personas humanas y sucesiones indivisas consideradas pequeños contribuyentes, de acuerdo con los criterios que determine ARCA. De esta manera, el alcance dependerá de las condiciones particulares de cada contribuyente, por lo que no todas las empresas quedarán automáticamente incluidas en la suspensión.
La resolución también contempla la continuidad de un régimen de suspensión que ya se encontraba establecido para otros sectores. En particular, el Ministerio de Economía dispuso prorrogar hasta el 30 de junio de 2027 las medidas previamente previstas para entidades sin fines de lucro y contribuyentes vinculados con el sector de la salud. Con esta decisión, el Ejecutivo extiende el período durante el cual determinados contribuyentes estarán protegidos frente al inicio de las acciones fiscales comprendidas en la normativa. La medida forma parte de las herramientas adoptadas para otorgar mayor previsibilidad financiera a organizaciones y actividades que cumplen con los requisitos establecidos.
La implementación operativa de la suspensión quedará a cargo de ARCA, organismo que deberá precisar los procedimientos y las condiciones necesarias para determinar qué contribuyentes están incluidos. Para las pymes de Salta y del resto del país, la disposición representa una posibilidad de contar con mayor tiempo para organizar sus compromisos tributarios sin afrontar el inicio de determinadas ejecuciones fiscales durante el plazo previsto. No obstante, será fundamental verificar la situación registral de cada empresa y el cumplimiento de los requisitos exigidos, ya que las deudas continuarán vigentes y la medida no constituye una moratoria ni un perdón fiscal.