ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El juicio Hotesur-Los Sauces tuvo una nueva audiencia en el Tribunal Oral Federal N°5, donde comenzó la lectura de la acusación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner. La querella expuso su hipótesis sobre un presunto entramado de asociación ilícita y lavado de dinero que habría funcionado a través de operaciones comerciales e inmobiliarias.
Durante su presentación, la UIF sostuvo que Néstor y Cristina Kirchner habrían conformado una estructura «de carácter estable y permanente» para beneficiar a empresarios cercanos mediante contratos públicos y, posteriormente, incorporar parte de esos recursos al patrimonio familiar. Según el organismo, el mecanismo incluía préstamos, compra de propiedades, alquileres de complejos hoteleros, construcción de mejoras y contratos inmobiliarios.
Uno de los instrumentos centrales de la operatoria habría sido la sociedad Los Sauces, que, de acuerdo con la acusación, permitía ingresar fondos mediante contratos de locación que carecerían de justificación comercial y establecerían valores superiores a los del mercado. La querella planteó que esos alquileres funcionaban como una vía para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades vinculadas con el Estado.
La UIF identificó dos fuentes principales del dinero investigado: por un lado, los fondos relacionados con la presunta defraudación en la obra pública de Santa Cruz, adjudicada a empresas de Lázaro Báez; y por otro, el crecimiento de las compañías del Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa, a partir de contratos estatales, explotación hidrocarburífera y juegos de azar.
Según la reconstrucción presentada, la sociedad Los Sauces fue conformada en 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Máximo Kirchner, quien asumió la presidencia de la firma. Posteriormente se incorporaron distintos bienes y Florencia Kirchner también se sumó a la estructura. La querella indicó que, entre 2009 y 2016, la inmobiliaria recibió más de 25 millones de pesos mediante las operaciones examinadas en el expediente.