SALTA (Redacción Voces Críticas) Una fuerte controversia rodea a la Caja de Jubilaciones y Pensiones para Médicos de Salta, luego de que profesionales de la provincia comenzaran a cuestionar el régimen de aportes obligatorios y denunciaran presuntas irregularidades en los mecanismos de cobro de deudas. Una médica salteña se comunicó con Voces Críticas y, mediante una serie de audios, relató situaciones que, según aseguró, afectan a numerosos colegas. Entre los principales reclamos aparecen aportes mensuales que superarían los $300.000 para profesionales de mayor antigüedad, embargos de cuentas bancarias y dificultades para acceder a planes de pago. La denunciante sostuvo que los médicos buscan derogar o modificar la legislación provincial que establece la obligatoriedad de los aportes, al considerar que el sistema perjudica económicamente a quienes ejercen la profesión. Las acusaciones corresponden al testimonio de la profesional y requieren ser contrastadas con la documentación pertinente y la respuesta de las instituciones involucradas.

Según explicó la médica, todo profesional que se matricula para ejercer en Salta queda automáticamente vinculado al sistema previsional, lo que implica una obligación de aportar a la Caja además de abonar la matrícula profesional. La denunciante señaló que los montos aumentan según la antigüedad y que también existen dos pagos extraordinarios anuales, a los que describió como una especie de aguinaldo. Otro de los cuestionamientos está relacionado con las condiciones para jubilarse: de acuerdo con su relato, quienes acceden al beneficio previsional dejan de tener habilitada su matrícula para continuar ejerciendo, mientras que aquellos que desean seguir trabajando deben postergar la jubilación y continuar realizando aportes. “Hay muchos médicos que a los 65 años todavía quieren estar activos y no acceden a la jubilación, terminan pagando la caja igual”, manifestó. La profesional también afirmó que actualmente habría más afiliados con deudas que médicos al día con sus aportes, aunque no presentó cifras oficiales que permitan confirmar esa proporción.

La denunciante también expuso su situación personal para describir cómo, según su testimonio, se calculan las deudas y los planes de financiación. “Yo debo 4 millones, sobre eso se me suman 5 millones de intereses, la deuda me queda en total de 9 millones”, explicó, y aseguró que la Caja le ofreció cancelar los $4 millones originales en un solo pago, con una quita de intereses, o acceder a una refinanciación. Sin embargo, afirmó que, al consultar por esta última alternativa, el monto reclamado habría aumentado hasta aproximadamente $17 o $18 millones, a lo que se sumaría el pago de $3,5 millones en honorarios profesionales. La médica identificó a una abogada de apellido Chávez Díaz como la persona que intervendría en esos trámites y sostuvo que se le habría solicitado el pago de honorarios en efectivo y sin registración, una acusación que no pudo verificarse de manera independiente. También cuestionó la aplicación de lo que denominó “intereses compuestos”, aunque su eventual procedencia y legalidad requieren analizar los contratos, liquidaciones y normas aplicables, ya que este mecanismo no está prohibido de manera general en Argentina.

A partir de estas situaciones, la profesional planteó la necesidad de revisar el régimen previsional obligatorio de los médicos salteños y separar, según su reclamo, la habilitación para ejercer de la obligación de aportar a la Caja. “No queremos que se nos imponga que tengamos que pagar obligatoriamente esa caja, que esté ligada a la matrícula”, expresó, al cuestionar las consecuencias económicas y profesionales que atribuye al sistema. La denunciante también señaló que la institución cuenta con jubilados que dependen de sus prestaciones, por lo que cualquier modificación debería contemplar la situación de los beneficiarios actuales. Sus declaraciones se conocen en un contexto en el que el Senado de Salta aprobó un proyecto para derogar la Caja Previsional obligatoria de Nutrición y Trabajo Social, aunque se trata de regímenes distintos y esa iniciativa no modifica automáticamente el de los médicos. Por el momento, las denuncias sobre embargos, cálculos de intereses y honorarios no constituyen irregularidades judicialmente acreditadas, y resulta necesario conocer la posición de la Caja, del Colegio de Médicos y de la profesional mencionada para esclarecer los hechos.

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