La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó la semana pasada, por medio de la acordada 21/2026, el nuevo protocolo que busca unificar los criterios para el otorgamiento de las prisiones domiciliarias que podría beneficiar a los represores de la última dictadura cívico militar condenados por delitos de lesa humanidad. Así quedó plasmado a partir de la publicación este lunes en el Boletín Oficial de la Resolución 2867/2026 que puso en vigencia la polémica decisión.

El nuevo “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados” aprobado por la Corte Suprema generó un fuerte debate al interior del máximo tribunal y contó con las firmas de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz mientras que Ricardo Lorenzetti devolvió al proyecto sin firmar.

El protocolo, elaborado por el CMF, se presenta como un instrumento metodológico que se pone a disposición de los jueces y las juezas que deben responder pedidos de prisión domiciliaria por cuestiones de salud. “El protocolo no establece causales de procedencia ni de denegación de la detención domiciliaria. La decisión corresponde al órgano jurisdiccional, el informe técnico-pericial aporta el fundamento en salud de la misma”, dice el texto que aprobaron Rosatti y Rosenkrantz.

En el caso de los represores, suelen darse dos supuestos: son personas mayores de 70 años y suelen presentar problemas de salud. La domiciliaria corresponde, según la ley, si una persona está enferma y no puede recibir el tratamiento adecuado en su lugar de encierro, si atraviesa el período terminal de una enfermedad o en caso de discapacidad.

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