ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El Gobierno nacional introdujo modificaciones en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una medida que establece nuevas condiciones para las empresas y personas que buscan participar como proveedoras de los grandes proyectos de inversión. Los cambios fueron establecidos mediante el Decreto 1366/2026, que entró en vigencia este lunes 16 de noviembre. La disposición redefine los requisitos para ser considerado proveedor local, incorpora criterios específicos para determinar el origen de los bienes y modifica las condiciones bajo las cuales pueden reorganizarse las empresas adheridas. La medida resulta especialmente relevante para provincias como Salta, donde el desarrollo de proyectos mineros y energéticos genera oportunidades de contratación para firmas que suministran productos y servicios.
La nueva reglamentación establece diferencias entre las condiciones exigidas a las personas humanas y a las empresas que pretendan ser reconocidas como proveedoras locales. En el caso de las personas humanas, será necesario contar con domicilio fiscal en la Argentina, mientras que las personas jurídicas deberán estar constituidas y domiciliadas en el país. Además, tanto unas como otras deberán prestar servicios o suministrar bienes a uno o más proyectos adheridos al RIGI. Estos requisitos buscan precisar qué actores económicos pueden ser considerados proveedores locales dentro del régimen. Para las firmas interesadas en participar de las cadenas de abastecimiento de grandes inversiones, será importante verificar que su situación legal y fiscal se ajuste a las nuevas disposiciones.

La reforma también introduce nuevas reglas para las fusiones y adquisiciones que involucren dos o más proyectos adheridos al RIGI. Según la disposición, cuando una operación de este tipo implique integrar diferentes proyectos en uno solo, será necesario obtener una autorización previa. En esos casos, el proyecto resultante quedará sujeto a los derechos y obligaciones correspondientes al proyecto que tenga la fecha de adhesión más antigua. La normativa busca establecer un criterio para determinar qué condiciones se aplicarán cuando distintas inversiones se unifiquen bajo una misma estructura. Por lo tanto, las empresas que evalúen operaciones de reorganización deberán considerar tanto los requisitos de autorización como las consecuencias que tendrá la integración sobre sus compromisos dentro del régimen.
El decreto también contempla la posibilidad de que una sucursal dedicada transfiera un proyecto a una sociedad anónima, siempre que exista autorización previa y se efectúe la transferencia de los activos, pasivos, derechos y obligaciones correspondientes. Para Salta, las modificaciones representan un cambio normativo que deberán analizar las empresas vinculadas con la provisión de bienes y servicios para inversiones de gran escala, especialmente en sectores como la minería y la energía. La incorporación de los criterios de origen del Mercosur puede influir en la documentación y las condiciones que deban acreditar determinados proveedores, aunque su alcance concreto dependerá de las precisiones que emita la autoridad de aplicación. De esta manera, el Decreto 1366/2026 introduce nuevas pautas para la participación de proveedores locales y para la reorganización de proyectos, en un régimen que busca incentivar las grandes inversiones en el país.
