ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El Gobierno Nacional busca avanzar este miércoles 18 de noviembre con la media sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados. La iniciativa apunta a endurecer las sanciones contra las empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina, en un momento clave para el reclamo del país por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
El proyecto del Gobierno Nacional propone reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659 e incorporar un esquema de penalidades más amplio, que alcanzaría no solamente a las compañías petroleras, sino también a sus accionistas y proveedores. Entre las medidas contempladas aparecen multas calculadas según el valor de los barriles de petróleo, sanciones penales y restricciones para contratar con organismos públicos. Además, se prevé un mecanismo de desistimiento y regularización para quienes abandonen las operaciones cuestionadas por Argentina.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta dificultades políticas para conseguir los respaldos necesarios. El principal conflicto está en el Título VII, que introduce modificaciones al régimen de partidos políticos y nuevas figuras penales vinculadas con presuntas campañas de injerencia extranjera. Tanto Unión por la Patria como distintos bloques dialoguistas cuestionan ese apartado por considerar que podría afectar la libertad de expresión. Además, esos artículos requieren una mayoría agravada de 129 votos afirmativos.
Ante este escenario, el Gobierno Nacional negocia con los distintos espacios políticos la posibilidad de realizar una votación por capítulos, con el objetivo de separar los artículos más controvertidos y conseguir apoyo para las sanciones relacionadas con la explotación petrolera. La estrategia busca evitar que las diferencias sobre el régimen de partidos políticos terminen bloqueando el avance de toda la propuesta. De todos modos, una eventual aprobación en Diputados no será suficiente para convertirla en ley, ya que todavía necesitará el respaldo del Senado.
En paralelo, la Argentina aguarda una resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, luego de las audiencias realizadas el 10 y 11 de noviembre en Alemania. El país solicitó medidas provisionales para frenar nuevas perforaciones e instalaciones vinculadas al proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que proyectan iniciar la producción comercial en 2028. El reclamo apunta a evitar daños irreparables antes de la conformación del tribunal arbitral previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
