Salta (Redacción Voces Críticas) Las decisiones adoptadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) quedaron en el centro de un conflicto por el funcionamiento del comercio exterior en Salta, luego de que inspectores nacionales dispusieran la clausura simultánea de los dos únicos depósitos fiscales aduaneros habilitados en la provincia. El procedimiento se realizó a fines de agosto y afectó a COZOFRA, ubicada en General Güemes, y COCEL, situada en la capital salteña. La medida interrumpió durante semanas las operaciones locales de importación y exportación, lo que obligó a numerosas empresas a trasladar sus trámites hacia la provincia de Jujuy.

Los depósitos fiscales cumplen una función esencial dentro del comercio internacional, ya que permiten almacenar mercaderías mientras se realizan las declaraciones, verificaciones y controles exigidos por la normativa aduanera. En Salta, estas instalaciones adquieren especial importancia debido a que no existe infraestructura equivalente en los principales pasos fronterizos para desarrollar todas las operaciones correspondientes. COZOFRA cuenta con más de veinte años de trayectoria, mientras que COCEL comenzó a funcionar hace aproximadamente dos años. La suspensión simultánea de sus actividades dejó a la provincia sin alternativas locales para completar estos procedimientos.

Como consecuencia de las clausuras dispuestas por ARCA y la Dirección General de Aduanas, las empresas debieron derivar sus operaciones hacia depósitos ubicados en Palpalá, Jujuy. Esta situación provocó mayores costos de transporte, modificaciones en los circuitos logísticos y demoras en los movimientos de mercaderías. Aunque no se difundieron cifras oficiales sobre el perjuicio económico, fuentes vinculadas con la actividad estimaron pérdidas de varios millones de dólares. La afectación alcanzó especialmente a operadores relacionados con la minería, la industria y las economías regionales que dependen de la infraestructura aduanera para desarrollar sus actividades.

Si bien posteriormente se levantaron las clausuras, las dificultades no quedaron completamente resueltas. Según la información conocida, uno de los establecimientos continuaba funcionando con restricciones varias semanas después del procedimiento, lo que seguía complicando el ingreso y la salida de productos. Además, los sectores afectados plantearon interrogantes sobre las irregularidades que motivaron las medidas, ya que los depósitos fiscales deben cumplir requisitos específicos relacionados con equipamiento tecnológico, sistemas de control, condiciones edilicias y procedimientos administrativos. Hasta el momento, las explicaciones disponibles no permitieron esclarecer completamente los fundamentos técnicos de las decisiones adoptadas.

El conflicto vinculado con ARCA llegó al Congreso de la Nación mediante una iniciativa presentada por el diputado salteño Pablo Outes. A través del proyecto de resolución 6186-D-2026, el legislador solicitó al Poder Ejecutivo información sobre diferentes medidas de control aduanero que habrían afectado las actividades comerciales y la integración fronteriza en Salta y Jujuy. El pedido busca conocer las razones técnicas y administrativas que justificaron las clausuras, las evaluaciones realizadas sobre sus consecuencias económicas y las alternativas consideradas para garantizar que las operaciones de comercio exterior pudieran continuar desarrollándose.

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