Argentina (Redacción Voces Críticas) La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las empresas de medicina prepagas deberán volver a someter los aumentos de sus cuotas al control y autorización del Gobierno nacional, después de declarar inconstitucionales dos artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó sin efecto las disposiciones que habían permitido a las compañías modificar libremente los valores de sus planes. De esta manera, la Superintendencia de Servicios de Salud recuperará las facultades de fiscalización y supervisión establecidas en la legislación anterior.

La decisión judicial alcanzó específicamente a los artículos 267 y 269 del decreto impulsado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023. Ambas disposiciones habían modificado el esquema regulatorio de la Ley 26.682, que establece las condiciones de funcionamiento de las empresas de medicina privada. Con su declaración de inconstitucionalidad, el máximo tribunal determinó que vuelvan a aplicarse los mecanismos de control estatal sobre las modificaciones tarifarias, lo que representa un cambio importante respecto del sistema de desregulación vigente desde el comienzo de la actual gestión nacional.

El conflicto que llegó a la Corte Suprema se originó a partir de la demanda de una afiliada que cuestionó los fuertes incrementos aplicados por una de las prepagas durante los primeros meses de 2024. Según los antecedentes judiciales, el precio de su cobertura médica había aumentado un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Como referencia, bajo el mecanismo regulatorio anterior, la actualización prevista para enero de ese año habría sido del 6,26%. La causa pasó por la Cámara Federal de La Plata antes de llegar al máximo tribunal, luego de los recursos presentados por la empresa y el Estado nacional.

A partir de esta resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá volver a examinar los incrementos solicitados por las compañías y determinar si se encuentran debidamente justificados. Para ello, las empresas tendrán que presentar información sobre las variaciones de sus estructuras de costos y cálculos actuariales razonables relacionados con los riesgos de las prestaciones médicas. El organismo nacional será el encargado de analizar estos elementos y resolver si corresponde autorizar las modificaciones, de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa que recupera vigencia.

La resolución constituye la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema sobre disposiciones del DNU 70/2023 y podría tener repercusiones en otros reclamos judiciales vinculados con los aumentos de la medicina privada. No obstante, el fallo no implica una reducción automática de todas las cuotas ni dispone una devolución general de los incrementos aplicados anteriormente. Con este nuevo escenario, las prepagas deberán adecuarse nuevamente a un sistema de supervisión estatal, mientras los afiliados quedan a la espera de conocer cómo se implementarán los controles sobre las próximas actualizaciones tarifarias.

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