Ocho operadoras y una coordinadora enfrentan cargos por incumplimiento de deberes de funcionarias públicas. Se las acusa de aplicar castigos disciplinarios inapropiados.
Este miércoles se conocerá el veredicto en el caso “Casita Feliz”, donde nueve mujeres —entre ellas la coordinadora del hogar y ocho operadoras— están imputadas por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en perjuicio de la Administración Pública Provincial.
El hogar “Casita Feliz” funcionaba en barrio Tres Cerritos de la ciudad de Salta y alojaba a niños judicializados. La investigación se originó tras denuncias sobre presuntas prácticas disciplinarias violentas hacia los menores.
Según consta en la causa, las trabajadoras habrían obligado a los niños a ingresar vestidos y de manera violenta a duchas con agua fría, una medida que habría sido ordenada por la jefa del dispositivo.
Durante el lunes, las acusadas prestaron declaración ante el tribunal, y el martes se realizaron los alegatos finales. Hoy, al cierre de la jornada, se sabrá si son o no consideradas culpables de los cargos.
El caso generó una fuerte repercusión en la opinión pública y abrió el debate sobre el control, la formación del personal y las condiciones de cuidado en los hogares para niños bajo tutela estatal.
