Se trata de Elvio Rolando Aguirre, quien fue detenido en los primeros días de junio, pero luego quedó libre por un fallo de la jueza de Garantías N° 7, quien rechazó la prisión preventiva del acusado.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, quien le imputó a Aguirre los delitos de abandono de personas seguido de muerte e incumplimiento de deberes, apeló la resolución de la jueza que sacó de la cárcel al policía, quien realizaba la custodia de Liliana del Valle Flores, cuando el 24 de diciembre pasado, su ex pareja, también policía, irrumpió en la casa de la mujer y la mató y luego se suicidó.
En su apelación, el fiscal insistió en que Aguirre siga preso, ya que de lo contrario podría entorpecer el proceso penal seguido en su contra.
Para Torres Rubelt, “la pena a imponerse (al policía), será de cumplimiento efectivo, y que dicha expectativa, permite presumir la existencia de una idea elusiva en el imputado y pronóstico de fuga en el caso de disponer su liberación”.
También indicó que en la misma investigación surgió la imputación en contra de otro efectivo policial, Abel Córdoba, por el delito de violación de medio de prueba, registros o documentos, lo cual “no es un dato menor, por cuanto, de tal adulteración realizada en el Libro de Guardia de la Dependencia el mismo día de los hechos, surge con claridad manifiesta el intento de echar un manto de oscuridad sobre el verdadero transcurso de los hechos”.
Sostuvo que el hecho de que Aguirre pertenezca a esa fuerza de seguridad, le aporta la mayor facilidad para el acceso a informaciones o el beneficio mediante las vinculaciones para obstaculizar la investigación.
Agregó que de la pericia realizada sobre el celular de Aguirre, se determinó que el imputado mantenía una conversación telefónica en el mismo momento en que Almirón, el homicida de Flores, ingresó al domicilio de su expareja -en Cerrillos- y la mató.
Afirmó que la llamada que realizaba Aguirre fue borrada intencionalmente por él mismo, lo que se trató, según el fiscal, de “una maniobra burda y grosera, tendiente a salvar su responsabilidad penal y funcional, y un entorpecimiento gravísimo de la investigación”. Por ello, el fiscal insistió en que debe valorarse que la detención obedece a la estricta finalidad cautelar el proceso.
Advirtió que se investiga la relación existente entre Aguirre y Almirón, aunque, con los elementos obrantes en la investigación, se puede inferir objetivamente un peligro de entorpecimiento del proceso a través de posibles intimidaciones o agresiones a la familia de la víctima y testigos civiles, por lo cual resaltó que “convierte en imperiosa la necesidad de neutralizar toda posibilidad de que Aguirre afecte el proceso”.
