En la cuarta jornada del juicio contra una presunta red narcocriminal que operaba dentro de la Unidad Carcelaria 1, el actual Director General del Servicio Penitenciario de Salta, Enrique Torres, confirmó la existencia de graves irregularidades en la concesión de beneficios a reclusos, entre ellos salidas transitorias, cambios de pabellón y el ingreso de drogas y elementos prohibidos.
Torres, quien en 2022 y 2023 se desempeñó como Inspector General, señaló que las maniobras habrían sido facilitadas por un funcionario de la Dirección de Vigilancia y Tratamiento, identificado como Francisco Bisceglia. De acuerdo con su testimonio, el caso fue derivado a la Justicia por su magnitud y por las limitaciones del sistema interno de investigación, ya que los presuntos implicados seguían en funciones.
El funcionario también reconoció falencias en los controles, revelando que el ingreso de celulares, cargadores y estupefacientes ocurría principalmente a través de visitas, lanzamientos desde el exterior e incluso con la participación de personal penitenciario. “Las requisas no siempre son exhaustivas y las inspecciones al personal son superficiales”, admitió.
La Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad expuso que la red no solo facilitaba beneficios indebidos, sino que también organizaba la venta de drogas dentro del penal. El hallazgo de “puntas” y cargadores en el cajón de un jefe de pabellón durante un allanamiento en diciembre de 2023 reforzó las sospechas sobre complicidad interna.
El proceso judicial, que involucra a 20 acusados, sigue revelando un entramado de corrupción y narcotráfico que operaba con total impunidad dentro de la prisión.
